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La notícia a elconfidencial.com 20/05/2017

 

El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho hombres, entre otros  Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif)

 

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.

En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. “Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones”, aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los “marrones” a los que se refería era la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. “Eso sí que fue un pelotazo…“, describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”.

El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho hombres. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el valor de Inassa en el año 2001. “No sé de donde ha salido que valía menos”, señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea de Madrid.

La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía.[…]

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