La notícia diaridetarragona.com 15/03/2016

La desfachatez con la que el Ministerio de Fomento se ha tomado su compromiso con el Corredor del Mediterrani no tiene justificación alguna más allá de fines políticos. Un compromiso que no tan solo es con los 15 millones de personas del Levante, sino con un tejido económico que representa el 50% del PIB español y con una Comisión Europea que incluyó esta infraestructura en su mapa de prioridades, aportando por tanto fondos para su desarrollo.

Después de tantos años, de tan buenas palabras y de tantas esperas, el cansancio está empezando a pasar factura. El Corredor del Mediterrani, o el tercer carril en su versión más pobre, está desapareciendo por momentos del debate. Tal es así que en su reciente visita a Tarragona, el presidente de Puertos del Estado, no pudo o no quiso dar una respuesta a la petición de un calendario. Éste se escudó de nuevo en los problemas técnicos para justificar la demora de una inversión, que está afectando la competitividad de los puertos a los cuales representa. José Lorca actuó más como representante del Ministerio de Fomento que como presidente de Puertos del Estado cuando resta importancia a la falta de una calendarización de las inversiones.

La sensación es que este proyecto ha desaparecido de los despachos del Paseo de la Castellana. No lo tenían encima de la mesa en la última ocasión en que una servidora intentó averiguar qué estaba pasando con las obras. Y la respuesta de Fomento fue que el tercer carril en este corredor ya hace tiempo que está en marcha. Hablaban del tercer carril de la autopista que, ciertamente sí, hace tiempo que está funcionando. Lo paradójico es que Fomento aún piense en la ampliación de esta vía cuando el ancho ferroviario español es o debería ser una de las obras más importantes del Ministerio.

Un mal contagioso

Quizás el desasosiego de la política española no propicia embarcarse en grandes aventuras, pero cuando el Ejecutivo asegura que la incertidumbre política perjudica la economía también podrían tener en cuenta que la paralización de determinadas inversiones, durante toda una legislatura, tampoco contribuye. Esta inacción es contagiosa. Catalunya, está de brazos cruzados soñando en lo que quiere ser de mayor. Que Tarragona no tenga ancho internacional tampoco ha preocupado mucho, más allá de poder decir de vez en cuando que la política estatal ahuyenta inversiones. Pero en este tema tampoco hemos visto, de momento, a una Generalitat desafiante.

La decisión de Ford de invertir en Almussafes, fue la carambola que benefició a Tarragona en un momento en el que la Comunitat Valenciana ejercía cierta influencia en Madrid. De ser influyentes a convertirse en la piedra en el zapato del Gobierno. Ahora mismo esta comunidad es la única que mantiene un tono desafiante.

Se constituye el Fòrum Valencià

Capitaneados por la Generalitat acaban de constituir el Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani. Integrado por las asociaciones de empresarios, las universidades públicas y los sindicatos, ya se están dejando sentir. El lunes estuvieron presentes en el séptimo foro del Corredor del Mediterrani de Bruselas. Aprovecharon para invitar al coordinador de este eje, el holandés Laurens Jan Brinkhorst, para que observe el potencial de esta infraestructura.

En el sur, el ambiente es tenso. María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio decía durante la constitución del foro que «no vamos a aguantar más el desprecio delGobierno de España y del Ministerio de Fomento, que se evidencia en el ridículo y raquítico ritmo inversor que ha tenido esta infraestructura».

Y es que, el presidente de la Ford, que anunció que Almussafes producirá este año 30.000 unidades más, hasta alcanzar 420.000 vehículos, ya ha expresado su preocupación por la eficiencia en logística y, en concreto, el Corredor del Mediterrani. La factoría, que exporta un 97% de su producción, envía sus coches a Europa a través del Port de València.

Los de Ximo Puig, que se han convertido en la voz incómoda en materia de financiación autonómica, exigen «un gran pacto por las infraestructuras productivas» que «diera la vuelta a las políticas de inversión». E incluso van más allá, y no cierran la puerta a acudir a la vía judicial para que el Gobierno ejecute las obras licitadas. Más le valdría a Tarragona buscar cómplices en el sur.