/wpthemegen/images/capcalera_051.jpg)
La notícia a lavanguardia.com 18/06/2019
Los profesores Ne·llo Pellisser y Josep Gavaldà abordan a lo largo de once capítulos lo sucedido en las dos comisiones, sus respectivos procedimientos, la configuración de las listas de comparecientes y la documentación
Han transcurrido trece años desde el siniestro en la Línea 1 del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 y, tras los tres archivos del caso, llega la hora de la apertura del juicio oral. En medio se han sucedido dos comisiones parlamentarias de investigación y dos dictámenes, en el que el segundo enmienda el primero, una situación excepcional en nuestra historia, estudiada en Las comisiones parlamentarias de investigación: “El accidente de la Línea 1” (Tirant humanidades, 2019), de los profesores Josep Gavaldà y Nel·lo Pellisser que explora aspectos decisivos de las relaciones entre la historia parlamentaria y judicial del 3 de julio.
Han transcurrido trece años desde el siniestro en la Línea 1 del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 y, tras los tres archivos del caso, llega la hora de la apertura del juicio oral. En medio se han sucedido dos comisiones parlamentarias de investigación y dos dictámenes, en el que el segundo enmienda el primero, una situación excepcional en nuestra historia, estudiada en Las comisiones parlamentarias de investigación: “El accidente de la Línea 1” (Tirant humanidades, 2019), de los profesores Josep Gavaldà y Nel·lo Pellisser que explora aspectos decisivos de las relaciones entre la historia parlamentaria y judicial del 3 de julio.
Fundamentalmente, el libro aborda a lo largo de once capítulos lo sucedido en las dos comisiones, sus respectivos procedimientos, la configuración de las listas de comparecientes y la documentación puesta a disposición de los parlamentarios en el ejercicio de la potestad de control parlamentario. Las comisiones parlamentarias de investigación persiguen la dilucidación de responsabilidades políticas y su trabajo comparte, procedimentalmente, principios de la práctica judicial. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2018 ha puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre ambas investigaciones, recordando la prevalencia de esta sobre aquella. A pesar de lo estipulado por el artículo 502 del Código Penal, la presidencia de la comisión y el Grupo Parlamentario Popular obstaculizaron en 2006 el ejercicio de la rendición de cuentas, razón de ser de las comisiones de investigación. El caso Alvia, en el que le ha correspondido un papel protagonista al perito judicial del caso Metrovalencia, ha puesto de manifiesto tanto las dificultades con las que puede tropezar el derecho a la investigación parlamentaria como las que impiden la realización de “auditorías” independientes.
El análisis de la historia parlamentaria del 3 de julio que recoge Las comisiones parlamentarias de investigación: “El accidente de la Línea 1” arrancó en el tramo final de la VIII Legislatura (2011-2015), después de la reapertura judicial del caso ordenada por la Audiencia Provincial de Valencia. El estudio de la primera comisión de investigación parlamentaria fue concluido cuando la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio acababa de conseguir la creación de la segunda. El análisis de los veintinueve días que mediaron entre el 14 de julio y el 11 de agosto de 2006, entre el Pleno de creación de la primera comisión y el de la aprobación del Dictamen, fue posible gracias a la web 0responsables, que hizo públicos los vídeos de las comparecencias, además de los diarios de sesiones y otros documentos. A partir de ellos se pudo analizar en su integridad la vista pública, el modelo de interacción discursiva de la primera fase de la investigación parlamentaria, la secuenciación del proceso y las tácticas comunicativas, sus estrategias argumentativas y sus ejes temáticos. Cuatro vídeos y cuatro documentos escritos, disponibles en el blog www.3julio2015.wordpress.com, dan cuenta de lo negado a un órgano parlamentario facultado para la dilucidación de las responsabilidades políticas, para el control del ejecutivo. Posteriormente, en este mismo blog también se publicó el análisis de la segunda comisión, un trabajo que ha sido posible gracias a la documentación de la nueva comisión. La “Comissió especial d’investigació sobre l’accident de la Línia 1 de Metrovalència ocorregut el 3 de juliol de 2006”, como fue adjetivada, se inició días después de la constitución de Les Corts de la novena legislatura, el 3 de julio de 2015, y aprobó el preceptivo Dictamen un año después, el 13 de julio de 2016. La historia parlamentaria comenzó el 14 de julio de 2006 y parecía haber concluido el 13 de julio de 2016, diez años después.
Fueron trece los responsables políticos señalados por el Dictamen que aprobaron Les Corts Valencianes. Uno de ellos presentó recurso ante el TC por considerar vulnerado su derecho al honor y la sentencia dictada en diciembre de 2018 supone algo más que una enmienda a la resolución aprobada por el parlamento valenciano. Se hace imprescindible revisar la regulación de las comisiones de investigación.
En el marco de su análisis del discurso parlamentario, el libro presta especial atención al papel desempeñado en la historia del 3 de julio por los “consultores de comunicación” contratados por la dirección de FGV, HM&Sanchis, así como al que le correspondió a la radiotelevisión pública valenciana. Los primeros participaron, entre 2005 y 2010, en la elaboración de unos informes mensuales de “presencia pública” que han tenido un eco mediático menor, pero son imprescindibles para entender la naturaleza “comunicativa” del trabajo de los consultores. RTVV fue pieza esencial en la estrategia del Consell y a pesar de la temprana “queja” de la Asociación Víctimas del Metro 3 de julio, la Sindicatura de Greuges no amparó ni en este punto ni en ningún otro sus demandas. La creación de la web 0responsables le permitiría a la AVM3J contar su historia, argumentar su punto de vista.
El 3 de julio de 2006 comenzó una historia que, antes que nada, asoló a un numeroso grupo de familias, que puso en evidencia a los gobiernos valenciano y español, al ejecutivo y al legislativo, a nuestro sistema democrático, a la calidad de sus instituciones y derechos. Los sucedido en este caso permite también bucear en los modos de administración de lo público, en la gestión de los recursos y en como se establecen las prioridades de actuación. Sobre todo, cuando se gobierna en mayoría. Al mismo tiempo, ha puesto en evidencia la exigencia de llevar a cabo la dilucidación de responsabilidades mediante la participación de organismos y de técnicos independientes, como señala la norma europea; la relevancia del acceso a toda la documentación requerida, sin censuras ni supresiones, y la necesidad de disponer de forma reglada de un procedimiento público eficaz que permita la rendición de cuentas, el control parlamentario del poder ejecutivo en definitiva.
La última entrada de 3julio2015.wordpress.com que lleva por título “El penúltimo capítulo”, concluye con estas palabras: “Estamos trabajando en el penúltimo capítulo, en el balance de la década parlamentaria, 2006-2016, mientras llega la hora judicial, una vez más”. Este libro es el fruto de ese trabajo. De la hora judicial, seguimos pendientes.